Hay situaciones en las Residencias que merecen una reflexión profunda. No porque debamos señalar culpables sin pruebas, sino precisamente porque, mientras no existan investigaciones y evidencias que determinen responsabilidades, debe prevalecer la presunción de inocencia sin que se convierta en una excusa para no hablar de determinadas prácticas que, de confirmarse, serían extraordinariamente preocupantes.
Imaginemos una residencia en la que las gerocultoras sienten que están sometidas a instrucciones constantes, con poco margen para ejercer su criterio profesional; donde las decisiones sobre los residentes parecen responder más a criterios organizativos que asistenciales; y donde resulta difícil distinguir qué corresponde al ámbito administrativo y qué pertenece estrictamente al ámbito sanitario.
Añadimos algo todavía más delicado: la privacidad de la información sanitaria.
Los expedientes médicos no son documentos administrativos de libre acceso. La información clínica pertenece a un ámbito especialmente protegido y su acceso debe estar justificado por las funciones profesionales de quien la consulta.
Entrar en los ordenadores del área médica, acceder a documentación clínica sin necesidad asistencial o compartir información sanitaria fuera de los circuitos correspondientes no debería considerarse una cuestión menor de organización interna.
Y existe otra cuestión fundamental: la responsabilidad profesional y la jerarquía sanitaria.
Un médico responsable no debería convertirse en una simple figura cuya función sea copiar, pegar, firmar y sellar documentos elaborados siguiendo instrucciones ajenas. La medicina no funciona así.
La dirección de una residencia tiene, por supuesto, responsabilidades organizativas y de gestión. Pero dirigir una Residencia y ejercer una profesión sanitaria son cosas diferentes. La autoridad administrativa no sustituye al criterio clínico ni a la responsabilidad profesional de quien tiene atribuida la atención médica.
Y esto no es enfrentamiento,
es algo mucho más importante: quién decide sobre qué, quién puede acceder a qué información y quién responde profesionalmente de cada decisión.
También va de las gerocultoras. Porque si queremos hablar seriamente de calidad asistencial, tenemos que confiar en los profesionales que están todos los días junto a los residentes y respetar sus competencias.
Una residencia no puede convertirse en una cadena de mando donde todo termina reduciéndose a "hazlo así porque lo dice la dirección".
Las personas mayores no son expedientes.
Los profesionales sanitarios no son meros firmantes.
Y la privacidad de un residente no es un detalle administrativo.
Si estas situaciones existen realmente, deben investigarse por los cauces correspondientes y, si procede, corregirse.
Porque una residencia de mayores no debería funcionar alrededor del poder.
Debería funcionar alrededor de las personas.

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