Crónica de elabueloinfiltrado: ¿Por qué seguimos buscando “una cuidadora” en lugar de exigir un sistema de cuidados profesionalizado?

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Crónica de elabueloinfiltrado Las responsabilidades legales de una familia en España al contratar a una cuidadora sin alta en la Seguridad Social, y el agravante de no tener papeles

El cuidado de personas mayores en el domicilio es una labor esencial y profundamente humana. Sin embargo, cuando una familia decide asumir la contratación directa de una cuidadora, también adquiere una serie de obligaciones legales que no pueden ignorarse. En España, la relación laboral en el hogar está regulada de forma clara, y su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas, responsabilidades civiles e incluso consecuencias penales.  
La situación se agrava aún más cuando la persona contratada no tiene permiso de residencia o trabajo.

Este artículo expone, de forma accesible y rigurosa, las responsabilidades que puede asumir una familia en estos casos.

1. La obligación de dar de alta en la Seguridad Social

En España, cualquier persona que trabaje en un hogar familiar —incluidas cuidadoras internas o externas— debe estar dada de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar.  
La responsabilidad del alta recae siempre en la familia empleadora, no en la trabajadora.

No dar de alta implica:

Sanciones administrativas
- Multas que pueden oscilar entre 751 y 7.500 euros, según la gravedad y la reincidencia.  
- Pago retroactivo de todas las cuotas no ingresadas, con recargos e intereses.

Responsabilidad en caso de accidente
Si la cuidadora sufre un accidente en el domicilio o en desplazamientos relacionados con su trabajo:
- La familia puede ser considerada responsable directa.
- Se puede exigir el pago de indemnizaciones, tratamientos médicos y compensaciones por incapacidad.
- La Seguridad Social puede reclamar a la familia todos los costes derivados del accidente (acción de regreso).

2. El agravante: contratar a una persona sin permiso de residencia o trabajo

Cuando la persona contratada no tiene papeles, la situación se convierte en una infracción muy grave según la Ley de Extranjería.

Las consecuencias pueden incluir:

Multas de entre 10.000 y 100.000 euros
La contratación de una persona en situación irregular se considera una infracción muy grave para el empleador.

Posibles responsabilidades penales
Si se demuestra explotación, abuso de vulnerabilidad o condiciones indignas, puede haber:
- Delitos contra los derechos de los trabajadores.
- Penas de prisión en casos extremos.

Imposibilidad de regularizar la relación laboral
La familia no puede formalizar un contrato ni dar de alta a la persona en la Seguridad Social mientras no tenga permiso de trabajo, lo que coloca a ambas partes en una situación de riesgo permanente.

3. Impacto en la persona mayor y en la familia

Más allá de las sanciones, la contratación irregular afecta directamente a la calidad y seguridad del cuidado:

Para la persona mayor
- Falta de cobertura ante accidentes o negligencias.
- Riesgo de interrupción repentina del servicio si hay inspecciones o denuncias.
- Vulnerabilidad ante situaciones de emergencia.

Para la familia
- Inseguridad jurídica total.
- Riesgo económico elevado.
- Imposibilidad de acceder a deducciones fiscales o bonificaciones.
- Dificultad para establecer límites, horarios y responsabilidades claras.

4. Alternativas legales y seguras

Las familias pueden optar por:

1. Contratación directa regularizada
- Alta en Seguridad Social.
- Contrato por escrito.
- Retribución conforme al SMI y al convenio aplicable.
- Derechos laborales garantizados.

2. Contratación a través de una empresa autorizada
La empresa asume:
- La contratación.
- Las altas y bajas.
- La sustitución por bajas o vacaciones.
- La responsabilidad laboral y civil.

Es la opción más segura cuando la familia no puede gestionar trámites o cuando la persona candidata no tiene documentación.

5. Conclusión

Contratar a una cuidadora sin alta en la Seguridad Social ya supone un riesgo elevado para cualquier familia.  
Hacerlo además con una persona sin permiso de residencia o trabajo multiplica las consecuencias legales, económicas y éticas.

En un sector tan sensible como el cuidado de personas mayores, la formalización laboral no es solo una obligación legal: es una garantía de dignidad, seguridad y protección para todas las partes.




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