En España, la Ley de Dependencia establece un sistema de valoración que determina el grado de dependencia de una persona y, en consecuencia, los recursos y horas de ayuda a domicilio que puede recibir. Esta valoración se centra —como es lógico— en la capacidad de la persona para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): aseo, movilidad, alimentación, vestido, continencia, etc.
Es decir: el derecho nace de las necesidades de cuidado personal, no de las necesidades del hogar.
Sin embargo, en la práctica cotidiana, nos encontramos con una contradicción que afecta tanto a profesionales como a personas usuarias:
los gerocultores y gerocultoras asignados para prestar cuidados personales acaban realizando tareas de limpieza del hogar.
Y aquí surge la pregunta incómoda:
¿cómo hemos llegado a normalizar que un recurso diseñado para el cuidado se utilice para suplir carencias domésticas?
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Una distorsión que perjudica a todos
1. Perjudica a la persona dependiente
Porque las horas asignadas —ya de por sí limitadas— se diluyen en tareas que no están vinculadas a su grado de dependencia.
El resultado: menos tiempo para movilizaciones, acompañamiento, estimulación, prevención de riesgos o higiene personal.
2. Perjudica al profesional
El gerocultor/a es un perfil formado para el cuidado directo, no para la limpieza general del hogar.
Cuando se le asignan tareas que no corresponden a su rol:
- se desprofesionaliza su función,
- se genera frustración,
- se invisibiliza su aportación sociosanitaria,
- y se erosiona la identidad profesional del sector.
3. Perjudica al sistema
Porque se desvirtúa el espíritu de la Ley de Dependencia:
garantizar cuidados, no suplir servicios domésticos.
Además, esta confusión alimenta un círculo vicioso:
si el servicio se percibe como “limpieza”, se valora menos; si se valora menos, se financia peor; si se financia peor, se precariza; y si se precariza, se pierde calidad asistencial.
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¿Por qué ocurre? Tres causas estructurales
1. Falta de claridad en la comunicación a las familias
Muchas familias desconocen que el derecho se concede por cuidado personal, no por mantenimiento del hogar.
2. Ambigüedad en algunos pliegos y contratos
En ocasiones, los servicios se diseñan con una mezcla difusa entre “atención personal” y “tareas domésticas”, sin delimitar qué corresponde a cada perfil profesional.
3. Presión social y cultural
Históricamente, el trabajo de cuidados se ha mezclado con el trabajo doméstico, especialmente cuando lo realizan mujeres.
Esta herencia cultural sigue pesando.
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¿Qué deberíamos estar haciendo?
1. Reforzar la identidad profesional del gerocultor/a
Su función es cuidar, prevenir riesgos, acompañar, movilizar, estimular, observar cambios, comunicar incidencias.
No limpiar cristales ni hacer una limpieza profunda de la casa.
2. Diferenciar claramente dos servicios
- Atención personal (gerocultor/a)
- Servicio doméstico (limpieza profesional)
Ambos son necesarios, pero no son intercambiables.
3. Comunicar mejor a las familias
Explicar desde el primer día qué cubre la Ley de Dependencia y qué no.
La transparencia evita conflictos y mejora la satisfacción.
4. Replantear los modelos de financiación
Si una persona necesita limpieza, debe poder acceder a un servicio específico, no “camuflarlo” dentro de la atención personal.
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Un cambio necesario para dignificar el cuidado
La Ley de Dependencia nació para garantizar derechos de cuidado, no para sustituir servicios domésticos.
Si queremos un sistema sostenible, profesional y digno, debemos alinear:
- lo que se valora,
- lo que se financia,
- lo que se contrata,
- y lo que realmente se hace en el domicilio.
Reconocer y proteger el rol del gerocultor/a no es solo una cuestión laboral:
es una cuestión de calidad asistencial, de justicia profesional y de respeto a las personas mayores.
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