En la residencia ingresó hace una semana Asunción, 90 años, viuda, sin hijos, con deterioro cognitivo diagnosticado. Llegó acompañada de su sobrina Marisa, con quien vivía y quien además posee un poder notarial amplio, incluyendo representación en caso de incapacidad sobrevenida. El ingreso es temporal: Marisa debe someterse a una intervención y no puede cuidarla durante ese periodo.
Todo se realiza conforme a protocolo: documentación, poderes, informes médicos, consentimiento, contrato, ficha social. Nada fuera de lo habitual.
Hasta que, de repente, aparecen otras personas diciendo ser familiares de Asunción. Exigen llevársela “ahora mismo”. Una de ellas afirma ser sobrina por parte del marido. Ninguna se identifica. La tensión sube. Gritos. Amenazas. Señalamientos al personal. La situación se vuelve insostenible.
La directora decide llamar a la policía.
Cuando los agentes llegan, estas personas ya están fuera… y aseguran que Asunción ha sido secuestrada.
Mientras tanto, por teléfono, Marisa confirma que nadie puede llevársela.
Y Asunción, nerviosa por el alboroto, pide que venga su sobrina.
Aquí empieza el dilema real:
¿Qué haces como director/a cuando varias personas reclaman a una residente vulnerable, sin identificarse, generando conflicto y poniendo en duda la actuación del centro?
Claves que se cruzan en segundos
- Protección de la residente frente a riesgos, manipulaciones o decisiones precipitadas.
- Respeto a la voluntad de Asunción, dentro de sus capacidades.
- Validez legal del poder notarial frente a familiares no acreditados.
- Seguridad del centro y del personal ante amenazas.
- Transparencia y trazabilidad de cada paso para evitar futuras reclamaciones.
- Intervención policial como garante externo.
Y ahora, el debate:
Si tú fueras director/a, ¿cómo actuarías en ese momento exacto?
- ¿Priorizarías la protección jurídica siguiendo estrictamente el poder notarial?
- ¿Darías margen a la voluntad expresada por Asunción en ese instante?
- ¿Pedirías a los presuntos familiares que acreditaran identidad antes de cualquier conversación?
- ¿Solicitarías intervención inmediata de servicios sociales?
- ¿O reforzarías el protocolo interno para blindar al equipo y al centro ante posibles denuncias?
Me interesa especialmente tu visión: ¿qué decisión tomarías y por qué?
¿Dónde situarías el equilibrio entre autonomía, protección y seguridad jurídica?

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