Crónica de elabueloinfiltrado Residencias de Mayores: ¿transparencia insuficiente en un sector que reclama más financiación pública?

El Sector vive un momento de expansión. Apertura de nuevos centros, entrada de fondos de inversión y consolidación de grandes grupos muestran que la demanda es sólida. Junto a este crecimiento emerge un debate: la opacidad en la gestión de los activos inmobiliarios y su impacto en la sostenibilidad económica del sistema.

Un modelo complejo y poco transparente

En muchos de los grandes grupos residenciales, el inmueble donde se presta el servicio no pertenece a la empresa operadora, sino a sociedades patrimoniales vinculadas al propio grupo. Este modelo no es exclusivo del sector, pero en el ámbito sociosanitario genera inquietud por:

- Dificulta conocer los costes reales de la actividad asistencial (alquileres entre empresas pueden inflar o distorsionar los márgenes).
- Reduce la transparencia financiera, cuando las estructuras societarias son complejas o están en diferentes jurisdicciones.
- Complica la evaluación del uso de fondos públicos, donde una parte de los ingresos proviene de plazas concertadas.

No se trata de afirmar que exista mala praxis generalizada, pero sí de que el diseño actual no facilita la trazabilidad.

La paradoja: opacidad creciente y demanda de mayor financiación pública

Mientras se multiplican las operaciones corporativas y de los fondos inmobiliarios, los grandes operadores reclaman más financiación pública y un incremento del precio de las plazas concertadas.

La cuestión es legítima: la atención a personas mayores requiere personal cualificado, ratios adecuados y una inversión constante en calidad. Pero la falta de claridad sobre:

- cómo se estructuran los alquileres internos,
- qué parte del beneficio proviene de la actividad asistencial y cuál del negocio inmobiliario,
- y cómo se distribuyen los retornos dentro del grupo,

hace que la conversación pública se vuelva más tensa y que surjan dudas sobre la eficiencia del modelo.

Un Sector esencial que necesita confianza y la demanda de cuidados de larga duración seguirá creciendo. El sector privado es un pilar fundamental para complementar la oferta pública, pero es imprescindible reforzar la confianza entre operadores, administraciones y ciudadanía.

Y pasa por:

- Transparencia en las estructuras societarias y en los contratos intragrupo.
- Informes financieros que separen actividad asistencial e inmobiliaria.
- Modelos de financiación pública basados en datos verificables.
- Un marco regulatorio que incentive la calidad y la eficiencia, no solo la expansión.

El debate no es si el sector debe crecer, sino cómo debe hacerlo. La profesionalización y la inversión deben ir acompañadas de mecanismos de transparencia que permitan evaluar con rigor sostenibilidad y calidad del servicio.

Transparencia hacia un modelo donde la colaboración público-privada sea sólida, legítima y orientada al bienestar de las personas mayores.