Esta mañana, durante el desayuno, Luis lanzó una pregunta que dejó la mesa en silencio.
—Abuelo, Juan... ¿quién audita la gestión de un gobierno?
La pregunta parece sencilla, pero encierra una de las mayores responsabilidades de cualquier democracia.
Cuando una empresa presenta resultados, existen indicadores, balances y auditorías.
Cuando una organización ejecuta un plan estratégico, se mide el grado de cumplimiento de los objetivos.
Sin embargo, cuando un gobierno termina una legislatura, los ciudadanos solemos recibir una avalancha de discursos, eslóganes y promesas renovadas.
Y surge la duda: ¿qué pasó con lo prometido hace cuatro años?
Próximos a unas elecciones, quizá deberíamos exigir algo tan simple como necesario: una evaluación clara y comprensible del programa electoral que llevó a un partido al poder.
¿Qué medidas se comprometió a impulsar?
¿Cuáles se ejecutaron completamente?
¿Cuáles quedaron a medias?
¿Cuáles nunca llegaron a iniciarse?
Y, sobre todo, ¿qué decisiones se tomaron que iban en dirección contraria a los compromisos adquiridos?
La democracia no debería funcionar únicamente sobre la memoria selectiva o la capacidad de comunicación de los partidos. Necesita hechos, indicadores y rendición de cuentas.
No se trata de castigar errores ni de negar que las circunstancias puedan cambiar. Gobernar implica afrontar situaciones imprevistas y tomar decisiones complejas. Pero precisamente por eso, los ciudadanos merecen conocer qué cambió, por qué cambió y cuáles fueron los resultados obtenidos.
Las buenas palabras generan expectativas.
Los hechos generan confianza.
Un programa electoral no debería ser únicamente un documento para ganar unas elecciones. Debería convertirse en una hoja de ruta pública, evaluable y accesible durante toda la legislatura.
Quizá algún día veremos debates donde se discutan menos las intenciones y más los resultados.
Menos las promesas futuras y más los compromisos cumplidos.
Menos la propaganda y más la evidencia.
Luis removió el café y sonrió.
—Entonces, Abuelo, la verdadera auditoría la hacemos los ciudadanos.
—Exacto, Luis. Pero para auditar, primero hay que informarse. Y para informarse, necesitamos datos, no discursos.
Porque una democracia madura no pregunta quién promete más.
Pregunta quién cumplió mejor.

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